La lógica y legítima indignación que la crisis económica y las políticas antisociales que están aplicando los gobiernos está provocando un rechazo mayoritario de importantes sectores ciudadanos a los políticos y la política sin distinción. Creo que debemos advertir sobre lo peligroso de esta deriva: la política es la forma en que se abordan los problemas colectivos y los políticos son los legítimos representantes elegidos para afrontar esos problemas. Estigmatizar todo ello, sin hacer distinción es un principio básico del fascismo, el dictador Francisco Franco, cuando alguien de su entorno le intentaba transmitir alguna discusión o su disconformidad con alguna iniciativa le respondía cínicamente: “usted haga como yo, no se meta en política”.
En las pasadas elecciones, dentro del movimiento del 15M y su entorno o fuera, observé actuaciones y posiciones muy preocupantes. En la manifestación del 15 de octubre convocada a nivel mundial comprobé cómo discurrió por una gran avenida comercial y cuando llegamos a la sede del gobierno autonómico los manifestantes comenzaron a gritar “aquí está la cueva de Alí Babá”. No tengo ningún interés en defender a los gobernantes que ocupaban ese edificio, pero me molestó que, mientras atravesábamos lujosas sedes bancarias o de multinacionales, a nadie le pareció oportuno gritar un eslogan similar, lo reservaron sólo para los políticos que habían pasado por las urnas. Todos los días recibo mensajes de correo indignados recordando que los disputados reciben un iPhone, un iPad, un despacho o un ordenador. Probablemente hay privilegios de los políticos que debamos denunciar, por ejemplo un plan de pensiones sólo por haber ejercido una legislación, pero otras prestaciones son razonables y no debemos criminalizarlas. El diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón lo dejó claro de forma valiente y clara cuando tomó posesión de su cargo, dijo que necesita un teléfono para ejercer su trabajo y un ordenador al tiempo que renunciaba, como otros diputados, al plan de pensiones. No vi apenas apenas reacciones de felicitaciones por parte de esos sectores que satanizan a los políticos.
Durante la última campaña electoral para las elecciones generales españolas otra movilización de protesta consistió en poner una nariz de payaso en las caras de todos los carteles electorales, fueran del partido que fueran, incluso los candidatos de partidos minoritarios o extraparlamentarios . Se trata de otra acción protofascista que le viene muy bien al poder económico: los ciudadanos críticos estigmatizan a todos los políticos y, mientras tanto, los sectores conservadores y adinerados eligen a unos gobernantes de derechas que aplicarán las políticas que impongan los mercados. El periódico de izquierdas italiano Il Manifesto ha hablado de “contrarrevolución que cultiva la semilla de la antipolítica y hace una limpieza étnica de las ideas”. Basta observar que Silvio Berlusconi, cuando se ha visto derrotado políticamente, ha recibido de su comité estratégico la idea de trabajar sobre la propuesta de reivindicar la antipolítica como llave de volver al poder. “Así no vamos a ganar, el Partido de la Libertad, parece ya un partido viejo, hace falta un nuevo contenedor capaz de convocar la antipolítica”, dijo Il Cavalieri.
Con motivo de la última reforma laboral, veo entre los manifestantes de la Puerta del Sol otro eslogan que dice “el próximo parado, un diputado”. De nuevo todos los diputados en el mismo saco, si de poner en paro a los diputados se trata, los golpes de estado militar han sido históricamente muy eficaces para hacerlo.
Es indiscutible que muchos representantes, fundamentalmente los que gobiernan, son cómplices del saqueo de los recursos públicos, de las políticas de desmantelamiento del sector público, del recorte de prestaciones sociales fundamentales, de escandalosos casos de corrupción. Incluso podemos recordar que nada de lo negativo que está sucediendo en nuestra pérdida de derechos sociales y condiciones económicas podría haber sucedido sin la complicidad de los políticos gobernantes. Pero ni todos los políticos son iguales, ni todos los partidos tienen las mismas propuestas, ni se fundamentan en los mismos principios ideológicos. Basta recordar que el gobierno de España en los últimos treinta años lo han protagonizado sólo dos partidos. Existen muchas personas que están trabajando duro desde los partidos políticos minoritarios para cambiar las cosas, algunos tienen pocos representantes en el Congreso, otros ninguno. Se trata de representantes que no están robando, no se están haciendo ricos, quieren cambiar este modelo, hacerlo más social y más democrático. Trabajan mucho más que muchos ejecutivos empresariales y profesionales, ganan mucho menos, su compromiso político les supone muchos sacrificios familiares y profesionales, y su puesto de trabajo también es precario porque, a diferencia de otros, pasan por el veredicto de las urnas cada cuatro años. Yo creo que ellos necesitan un teléfono para trabajar, que no merecen una nariz de payaso y yo no los quiero “parados”. Su problema es que son pocos, la misión de quienes estamos indignados es que sean más.
Si le hubieras hecho caso a Luis de Guindos, ministro de Economía, y en 2007 hubieras invertido 1.000 € en Fortis, hoy tendrías 39 euros. Si ese mismo año 2007, y siguiendo otra vez los consejos del ministro, hubieras invertido 1.000 € en acciones del Royal Bank of Scotland, hoy tendrías 29 euros. 
Si en el año 2008, le hubieras comprado directamente a Luis de Guindos alguna de sus acciones de Lehman Brothers por un importe de 1.000 euros, hoy tendrías 0 euros. Y si el año 2009 hubieras mantenido tu confianza en este gran asesor financiero, e invertido 1.000 euros en Cuotas Participativas de la CAM , hoy tendrías 0 euros.
Hazle a caso a Luis de Guindos.
Según los datos facilitados al Banco de España a finales del año pasado, sólo los máximos directivos de BMN se sitúan por debajo de este umbral, en tanto que los de Caja España se negaron a hacer públicas sus remuneraciones. En concreto, el presidente de BFA-Bankia, Rodrigo Rato, reconoció que percibía una remuneración anual de 2,34 millones de euros, lo que le coloca a la cabeza de estas entidades, seguido del consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, al que corresponden 2,26 millones anuales. El presidente de CatalunyaCaixa, Adolf Todó, percibe 1,55 millones al año pese a que la entidad es un 90% propiedad del Estado y ha recibido 2.968 millones en ayudas.
Cuatro años después del inicio de la crisis financiera en España, las entidades financieras han recibido casi 18.000 millones de euros en ayudas.
